¿FRAUDE O SUPERVIVENCIA?
La reciente declaración del ministerio de economía, en el sentido de perseguir “hasta las últimas consecuencias” el fraude fiscal, denominado comúnmente economía sumergida o trabajo en negro, tiene como fin incrementar la recaudación para las arcas del Estado a toda costa, sin importar para nada los recursos que tenga que destinar para tal fin. Uno de esos recursos, es dotar a las delegaciones de economía de un mayor número de inspectores, los cuales tendrán la consigna de salir a las calles y perseguir cualquier indicio de actividad económica no declarada y actuar en consecuencia, es decir, levantar multas y sanciones que se reflejen al final, en un edificante tintineo de dinero para la caja pública. Todo eso está muy bien como teoría enmarcada en un marco de equidad, el cual es obvio que no existe dada la desigualdad de oportunidades que campa en el horizonte. Con una cifra cercana a los cinco millones de parados, con la supresión de la prestación de 426€ de la que dependen casi un millón de desempleados y las pocas, por no decir nulas, oportunidades en el desfallecido mercado de trabajo, no es de extrañar que las personas se aboquen a conseguir el sustento diario de la forma que sea. Para una persona sin trabajo, con la obligación de pagar las facturas que mes a mes llegan fijo y enfrentar la diaria odisea de poner algo en la mesa, no es ningún dilema moral el realizar una ocupación, no declararla ganarse un dinerillo limpio de polvo y paja, y no compartirlo con el gobierno.
Todos conocemos a personas que, viéndose sin ingresos fijos o muy escasos, deciden tomar el toro por los cuernos y sacarle partido a sus habilidades y talentos, ya sea dando clases particulares de idiomas, manualidades, masajes, canguros, haciendo pequeños arreglos de ropa, muebles o reparaciones menores en casas. También hay pequeñas empresas y trabajadores autónomos, que sufren cada final de mes para sufragar los gastos de su actividad y pagar los impuestos respectivos a la hacienda pública, y que necesariamente recurren a la práctica de no emitir alguna factura o maquillar un poco el coste real, para tener la oportunidad de llegar al siguiente mes sin cesar la actividad. El gobierno parece olvidar que, hasta el año pasado las administraciones públicas adeudaban casi trece mil millones de euros a innumerables empresas de todo tipo, mismas a las que exigían sin rubor alguno el pago de impuestos y contribuciones sin aplazamientos, so pena de hacerse acreedores de multas y recargos. Si el ministerio de economía y hacienda quiere perseguir el fraude, ya puede empezar por todos los niveles gubernamentales, quienes practican la morosidad a escala superlativa defraudando a cientos de empresas que realizan obras y servicios para los diferentes gobiernos autonómicos y municipales, así como al sistema bancario cuyo rescate financiero se realizó con dinero público y con unas condiciones sumamente laxas y flexibles, tanto que muchos bancos aún no regresan el dinero que se les prestó y otros como BBVA y Santander, anuncian con bombo y platillo los miles de millones de euros que han ganado en plena crisis, especulando para ello con el dinero de sus clientes.
Y eso no es todo. La última perla del gobierno, a sido permitir a las autonomías a seguir endeudándose hasta las cejas a costa del erario público, todo con el fin de no detener su inaceptable e inmoral tren de vida. A ningún político, del color que sea, se le pasa por la cabeza reducir el oneroso estilo de gobernar que campa a sus anchas por todo el país. Gastar, gastar y más gastar, pero no en hospitales, ni tampoco en escuelas, mucho menos en aumentar el salario a médicos, profesores y operarios. De aumentar las plantillas de trabajadores ni hablamos, pues no hay dinero para fomentar el empleo, primero hay que asegurar los escandalosos sueldos de diputados, senadores, ministros, secretarios de estado, alcaldes y ediles. Primero hay que llenar la caja de la financiación de partidos para que De Cospedal cobre 250 mil euros todos los años, primero hay que sostener los innumerables “gürtel” para los amiguetes y compadres, primero hay que inyectar millones de euros en producir un cine que nadie ve, a cambio de los aplausos y apoyo del gremio artístico, primero hay que subvencionar a los sindicatos que mantienen a la masa aborregada. Al resto que les den morcilla. Eso sí, la costurera que cose el vestido o el pantalón en su casa para pagar el abusivo aumento de la factura de la luz, o el albañil improvisado que repara un desconchón en la casa del vecino y la pedagoga en paro que da clases particulares en el salón de su casa para llegar a fin de mes, tendrán que declarar sus míseros ingresos y separar el porcentaje correspondiente para engordar las arcas del estado. A los beneficiarios del pelotazo urbanístico, cuyos dineros están a buen recaudo en los paraísos fiscales, no molestarlos, a los grandes empresarios que deslocalizan capitales y los llevan a otros países sin declararlos, no molestarlos, a los nobles y terratenientes que reciben subvenciones de la UE, no molestarlos. Si éste es el criterio recaudatorio del gobierno, no nos extrañe que cualquier día recuperen la tradición medieval de acudir con un carromato y cuatro guardias, y arramblar con las posesiones del desdichado sujeto que no tenga para pagar los impuestos.
El acoso que veremos en los siguientes días, no será muy distinto al que sufrió Mohamed Bouazizi en Túnez al serle decomisado su humilde puesto de verduras y que desencadenó la rebelión que recorre el mundo musulmán. Esperemos que ningún pequeño empresario, autónomo, o simple currante que se busca la vida como puede, tenga que inmolarse a lo bonzo para que el gobierno entienda que de las piedras no se obtiene agua sino sangre. O tal vez, eso es lo que falta para que despertemos del letargo en que la civilización nos tiene sumidos.
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