DE REFORMAS Y HUELGAS

LA MENTIRA OFICIAL

     La reforma laboral, aprobada sin que hubiese un entendimiento entre los principales actores, patronal y sindicatos, ha sido la perla de la política económica interna del gobierno del PP. La imposibilidad de acuerdo, las posiciones graníticas de la CEOE y el duopolio sindical, le pusieron en bandeja al gobierno, la reforma de las relaciones laborales en España, de manera que no hizo falta más que una sesión del consejo de ministros y un cabildeo en el congreso, para cargar la balanza del lado de sus aliados de la patronal, ante la estupefacción de la sociedad y los trabajadores en general, sindicados o no. ¿Pero en qué consiste la reforma laboral? A ciencia cierta no se tiene ninguna seguridad sobre la misma, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de aplicarla, pues la ambigüedad de sus preceptos y la poca credibilidad sobre sus efectos, no hacen sino crear confusión y diseminar la duda.

     Como es lo habitual, éste gobierno al igual que el anterior, experimenta sobre la marcha soluciones imposibles, expone teorías sin fundamentos y aún así, espera que sus ocurrencias sean aceptadas como buenas por la ciudadanía y que ésta se conforme e incluso aplauda con entusiasmo. La reforma laboral, presentada como equilibrada y justa, adolece como la subida del IRPF, de lo mismo que presume. Ni es equilibrada por que favorece solo a la patronal, ni es justa porque borra de un plumazo muchas de los beneficios sociales, que se han conquistado a lo largo del siglo pasado a sangre y fuego. Para mas inri, los mismos que la ensalzan y hacen apología de sus bondades, reconocen sin ambages que no es la solución para detener el paro, que no creará empleo, que no servirá para vaciar las oficinas del INEM. ¿Entonces, para qué sirve? La respuesta es simple: Para facilitar el despido libre y sin prestaciones, una de las exigencias históricas de la patronal y reducir el márgen de negociación de los trabajadores. Una deuda pagada por el PP, a los empresarios buitres que financian sus campañas políticas.

     Pero si miramos con atención, no solamente la patronal es "culpable" de conseguir sus objetivos. También los sindicatos rastreros, cómplices y testaferros del gobierno, han contribuído con su inmovilidad, al descalabro que representa la reforma laboral. Pero en justicia, la dichosa reforma solamente beneficia a ésas "grandes empresas" del IBEX, las mismas que escurren el bulto a la hora de pagar sus impuestos, las que deslocalizan fábricas y factorías, para llevarlas a países pobres y con bajo nivel de fiscalización, lo que hace aumentar sus beneficios de manera exponencial e indecente. Las PYMES y los autónomos, los que generan el 70% del trabajo del país, poco o nada se benefician de la reforma, puesto que su capacidad de negociación es limitada. Una verdadera reforma laboral, bien pensada y documentada, abogaría por la reducción de impuestos y tasas a la producción, antes que los recortes y despidos. Plantearía una agilización de permisos de apertura de negocios, facilitaría la gestión administrativa y la aceleración de los pagos a proveedores, la derogación de la norma de cobrar el IVA de las facturas hasta que no sea cobrada efectivamente, etc.

     Pero siempre es más fácil cortar por la parte más débil del tejido, al fin y al cabo que ya están acostumbrados. Y por si fuera poco, la CEOE pide más. La nueva "exigencia", es que el gobierno se piense en derogar el derecho de huelga. Vamos, una regresión cronológica al capitalismo cavernario y salvaje, donde la gente trabajaba hasta la extenuación, a cambio de algo más que una escudilla de sopa y el pago en especie por sus "servicios". La convocatoria de huelga general para el próximo día 29 de Marzo, es un llamamiento desesperado para hacer frente a los caprichos del gobierno y la CEOE. Aunque los sindicatos, UGT y CC.OO. sean los menos indicados para convocarla, es indispensable que la sociedad civil, la ciudadanía en general, salga a las calles y reivindique nuevamente los derechos adquiridos con tanto esfuerzo. No se trata de un asunto baladí. Se trata de mantener el equilibrio entre los dueños del dinero y los que lo producen con su trabajo.

     Se debe exigir al gobierno que haga las cosas mejor, que no improvise soluciones milagrosas y mesiánicas. Que se pongan a trabajar de forma coherente y sin inventarse nada. Que actúen como se espera de un gobierno que aseguró sabía lo que hacer y que en la práctica, está dando bandazos a todos lados, menos al que el país necesita. Se han lanzado a la carroña de forma indecente, enchufando a la parentela con total descaro, en lugar de trabajar por aquello que propusieron en campaña. El 29 de Marzo hay huelga general, quien sabe si será la última que se convoque en libertad, lo que si es seguro, es que será la oportunidad para que la sociedad se haga escuchar de una vez por todas, por un gobierno más preocupado de contentar a sus amos europeos, que de ofrecer soluciones justas a su pueblo.

DE TELEVISIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INFORMAR O DIVERTIR

     Los recortes del gobierno popular, alcanzan a todos los estamentos de la vida social en España, y el tema de las televisiones públicas, la del estado y las que gestionan las autonomías, no es en absoluto ajeno a los mismos. Utilizados históricamente como armas de propaganda ideológica, los medios de comunicación audiovisuales en manos de gobiernos y dictadores, han servido fielmente a sus amos de turno, sin menoscabo de sus propios fundamentos, los cuales siempre se han mantenido ajenos a los cambiantes avatares políticos del país. Desde la aparición de la “caja boba”, que de tonta no tiene nada, la sociedad ha caído en las garras de una casta nueva, la televisiva, cuyo principal objetivo era el de divertir o eso creímos, pero que soterradamente al principio y descaradamente después, se ha inmiscuido lentamente en todos los aspectos cotidianos de la sociedad.

     Durante el franquismo y hasta la desaparición del régimen dictatorial, solamente existió una cadena televisiva, la actual RTVE, la cuál fungió como el espejo dónde se reflejaban las virtudes y demás beneficios del sistema, así como lanzadera ideológica del fascismo español y aleccionadora moral de la iglesia católica. El NO-DO, sistema informativo que describía, informaba y destacaba los logros del franquismo, es el abuelo del método español de informar desinformando y corromper sin mesura, sin detenerse en nimiedades. La llegada de la “democracia” y el posterior desmembramiento del estado central en 17 autonomías, verdadero reparto caciquil de territorios e influencias, tuvo como una de las muchas consecuencias negativas del asunto, la aparición de empresas televisivas reguladas y adictas, a esos mismos reyezuelos regionales. Por supuesto, la desregulación del espectro televisivo, impulsó la creación de un sistema de televisiones privadas, cuyos permisos y concesiones de operación, se destinaron a los amiguetes y empresarios, que tuvieran la capacidad económica y moral de transigir, cuando no actuar en complicidad, con el sistema político.

     Pero mientras las televisiones privadas han tenido un objetivo más mundano y relajado, que es divertir y ganar dinero mediante programas de dudosa calidad, tráfico de publicidad y eventos deportivos, las televisiones autonómicas y del estado, han basado su actuación casi en exclusiva, en la apología del ideario político del gobierno de turno. Desinformando y ocultando deliberadamente información, digámoslo así, “sensible” para el buen nombre y funcionamiento de la maquinaria administrativa de la cual dependen. Un ejemplo de tal parcialidad, lo constituye Canal 9, de la televisión pública valenciana, que ha ocultado hasta el final, cualquier información que menoscabara la reputación del gobierno de Camps y su siniestra estela de corrupción. O la televisión catalana, alineada sin reservas con el ideario político-lingüístico de la Generalitat, obsesionada con borrar toda huella de “españolidad” en los medios de comunicación.

     Pero mientras las televisiones privadas, como cualquiera otra empresa del mismo estilo, responde ante una financiación particular y el dinero utilizado proviene de los bolsillos de sus accionistas y propietarios, los medios de comunicación del gobierno se financian con los dineros provenientes del presupuesto general del estado y de las autonomías. Es decir, dinero de los contribuyentes, sean éstos afines o no, al cacique de turno. Es por ello, que las deudas acumuladas de todos los entes informativos del país, estatales y autonómicos, y que asciende a varios miles de millones de euros, se carga de manera criminal sobre las espaldas de los curritos españoles. La desaforada corrupción y el enchufismo rampante realizados durante décadas, han desembocado, inevitablemente, en la inviabilidad de prácticamente todos los medios de comunicación dependientes del gobierno. Financiadas con el dinero de los contribuyentes, se han comportado al más puro estilo berlusconiano, manejados por personajetes del mundo de la farándula, se han preocupado más por ofrecer contenidos de poca o nula calidad, con algunas honrosas excepciones, pero pagando por ellos auténticas fortunas.

     El más claro ejemplo del despilfarro estatal, ha sido la gestión en RTVE, donde los presentadores de los programas con más “rating”, cobran unos sueldos estratosféricos en relación con la calidad de los mismos, máxime si tomamos en cuenta, que dicha conducción bien podrían realizarla profesionales igual o mejor preparados, a precios mucho más asequibles. Unos ejemplos: La Mañana de la 1: Un buen programa, contenidos bastante normalitos y una duración de tres horas. La presentadora se embolsa, 500 mil euros al año, algo más de 40 mil euros al mes. Vamos, que el sueldo de la Pajín se ha quedado en nada. Otro programa, Gente: La presentadora cobra 300 mil euros al año, 25 mil euros al mes. Ni Rajoy gana esa cantidad. Podríamos pensar que, tales sueldos son de escándalo y en efecto lo son, pero al fin y al cabo, quienes trabajan en dichos programas no son culpables de ese despilfarro televisivo. Ellos hacen su trabajo, bien o mal, y se van a casita. Los culpables de tal despropósito, no son otros que los responsables políticos, los que aprueban en los consejos y ministerios, el que se cobren ésos sueldos y se realicen ésos gastos suntuarios. Todo claro está, para mantener a la ciudadanía ignorante y dócil, ajena a los verdaderos problemas del país.

     Los recortes anunciados a bombo y platillo para las televisiones públicas, son solamente un guiño tímido y escaso, para contener el desencanto y enfado, legítimos por otra parte, de la sociedad al conocerse éstos datos. Pero por ningún momento podemos dar por buenos esos recortes, ya que todo es un gesto de cara a la galería para dar una apariencia de austeridad, palabra tan del agrado de la “pedales”, pero la estructura de las cadenas informativas del gobierno, seguirán incólumes, ajenas a toda reforma, sirviendo a sus amos políticos sin atisbo de fractura, sin fisuras. La clase política necesita de la clase televisiva, para legitimar y expandir su mensaje, su ideología. A su vez, los “personajes” de la tele, necesitan del ente público para engordar sus cuentas bancarias. Una simbiosis perfecta y perversa, donde lo que menos importa es el bienestar de una sociedad, que se acerca peligrosamente al abismo.

EL CORTIJO ANDALUZ

LOS SEÑORITOS DE POSTIN

     El último reino moro en la península ibérica, el de Granada, cayó en manos cristianas en un lejanísimo 1492.  Desde entonces, la historia del viejo Al-Andalus reconvertido en Andalucía, se ha visto jalonada por innumerables sucesos que nos narran el expolio y saqueo de ésa tierra, por parte de una nobleza rapaz e insaciable. Luego vinieron, en las postrimerías del siglo XIX, unos nuevos personajes llamados políticos. Y desde entonces no se han ido. Su rapacidad y ansias de poder y de dinero, han superado desde entonces todo lo imaginable. Medio escondidos durante la etapa franquista, urdieron una maraña de relaciones y contactos, tendientes a hacerse con el poder apenas Franco la palmase. Se repartieron alegremente el botín, conformando unos modernos reinos de taifas, las autonomías, y Andalucía le tocó en suerte a los socialistas. Luego el paripé del estatuto de autonomía y demás chanchullos que les otorgaban el poder omnímodo de hacer y deshacer a su antojo.

    

     Para aparentar "democracia", compartieron el pastel con otros grupos de políticos, principalmente con uno denominado Alianza Popular, conocido posteriormente como PP, al que permitieron acomodarse en algunos municipios importantes y disfrutar de los mismos privilegios y prebendas. Hasta aquí, todo era jauja. Hasta que llegó la crisis, desaceleración, recesión o como quieran llamarle éstos granujas, todos, a que nos ha conducido el despilfarro, la corrupción y la falta total de valores éticos a la hora de gestionar el dinero de los contribuyentes. Ahora, el campo de batalla político ni siquiera es ideológico, sino demagógico. Los modernos señoritos andaluces, dueños del cortijo privado en que se ha convertido Andalucía y España entera, se enfrentan para dirimir el asunto de ¿gobernar? a la áutonomía más poblada de España.

     Griñán y Arenas. Arenas y Griñán. Así, sin nombres propios, pues no hacen falta para conocerlos y saber sus intenciones. El socialista, heredero de uno de los mayores buitres que haya conocido España, Cháves, pretende renovar su herencia y, al mismo tiempo, perpetuar el estado de atonía social, educativa y económica de una comunidad empobrecida y expoliada durante siglos. Los escándalos de corrupción de importantes miembros de su partido, el PSOE, no contribuyen mucho a ensalzar su imagen. Pero el popular Arenas, perpetuo candidato a presidir la junta andaluza, tampoco tiene un bagaje, ni una historia política digna de reconcimiento. Enchufado a la teta del presupuesto, ora como concejal, ora como diputado y ministro, no conoce otra forma de vida, que la de extender la mano y recibir el dinero de los ciudadanos. Y ahora tiene la oportunidad de comerse un pastel de tales proporciones, que supera por mucho su capacidad carroñera.

     El pueblo andaluz, sufrido como el resto de los españoles, tiene en sus manos cambiar su destino. Las recientes políticas fiscales del actual gobierno, del PP, los recortes y reducciones de las prestaciones sociales, el empobrecimiento acelerado de las clases medias en favor de un empresariado y una banca voraces, más los rampantes casos de corrupción de uno y otro partido, harían pensar en una concienciación de la sociedad. Por desgracia, las encuestas y sondeos de intención del voto, dan como ganador a uno u otro de los "señoritos cortijeros". Ojalá el 25 de Marzo, sea la fecha en que la ciudadanía dé la espalda a éstos ladrones y mitómanos consumados y voten por otra agrupación política, la que sea. Aunque la tendencia de los últimos tiempos, poco espacio deja para la esperanza.

LA MONARQUÍA IMPUESTA

ATAVISMO MEDIEVAL

     La sóla existencia de las monarquías en la actualidad, es un símbolo de la regresión y anacronismo que permea en muchas sociedades "civilizadas" y modernas. La gran contradicción de que dichas representaciones medievales, convivan con sistemas de gobierno democráticos en condiciones de igualdad o dependencia, no hacen sino dar continuismo a situaciones de sangrante desigualdad social. ¿Qué lleva a una sociedad, a tolerar una figura del pasado como un rey? Muchas veces, no es que se tolere, es que se les ha impuesto a la fuerza.

     Es el caso de España, donde la figura del monarca, Juan Carlos I, lleva la friolera de 33 años como jefe del estado español, sin que su investidura haya surgido de la voluntad del pueblo y la legitimidad de las urnas. Ungido como sucesor del gobierno por el moribundo dictador fascista, Francisco Franco, llegó a España sin un céntimo en los bolsillos y ahora acumula una fortuna personal, estimada en 1500 millones de euros, y una asignación anual del gobierno de 10 millones más, los cuales asigna y distribuye sin ningún tipo de control o fiscalización.

     Los supuestos beneficios que la monarquía ofrece al país, son como poco, discutibles. Los innumerables viajes de "negocios" y promoción de las empresas españolas, no repercuten en un beneficio general para el país, puesto que dichos contratos y negocios, los efectúa para grandes empresas como Iberdrola, Endesa, Ferrovial  y bancos como Santander o BBVA, y no para las PYMES y autónomos que conforman la mayoría del tejido económico del país. Y son éstas grandes empresas y bancos los que, en la mayoría de las veces, desvían sus beneficios hacia paraísos fiscales para no tributar en territorio español, con el consiguiente quebranto económico de las arcas públicas. De todos ésos contratos y negocios, el rey percibe unas jugosas "comisiones," que contribuyen a engordar su fortuna personal.

     Los capitostes, testaferros y demás lacras que abogan y hacen apología de la corona, ponen todos sus esfuerzos, para que la sociedad valore de forma positiva la existencia y continuidad de una institución profundamente corrupta y anacrónica. La mejor baza que manejan, es la emocional. Las carretadas de horas de televisión y las toneladas de papel couché de la prensa "rosa", enfocadas a retratar y mostrar la existencia anodina y acomodada de una nobleza corrupta y cutre, insolidaria y carroñera, que no sufre penurias económicas y vive rodeada de lujos y privilegios, no hace sino exacerbar los sentimientos de inferioridad y aspiraciones de una sociedad civil, que no tiene posibilidad alguna de acceder a ésos mismos privilegios. La fascinación que ese mundo hipócrita y ruín, ejerce sobre un amplio segmento de la población, es la "legitimidad" que enarbolan aquellos que no quieren el fin de la monarquía.

     Actualmente, la monarquía se encuentra en la picota, merced al inmenso favor que un "plebeyo", Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina e imputado por un escandaloso caso de corrupción en complicidad con la clase política de Valencia y Baleares, ha hecho por bajar al mundo terrenal a unos listos que se han creído dioses. La cosa no pinta bien para el yerno del rey y mucha gente se pregunta: Si la libertad del pueblo español fue robada siendo una República, ¿por qué no le fue devuelta a la muerte del dictador? ¿A quién preguntaron para restaurar la monarquía? La legitimidad de la corona, no pasa por la decisión del gobierno ni del congreso, corruptos donde los haya, sino de la voluntad popular. Un referéndum sobre la existencia y continuidad de la monarquía, sería el más justo de los gestos para medir y sopesar la permanencia de una institución medieval, que no tiene ya cabida en una democracia moderna.