DE TELEVISIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INFORMAR O DIVERTIR

     Los recortes del gobierno popular, alcanzan a todos los estamentos de la vida social en España, y el tema de las televisiones públicas, la del estado y las que gestionan las autonomías, no es en absoluto ajeno a los mismos. Utilizados históricamente como armas de propaganda ideológica, los medios de comunicación audiovisuales en manos de gobiernos y dictadores, han servido fielmente a sus amos de turno, sin menoscabo de sus propios fundamentos, los cuales siempre se han mantenido ajenos a los cambiantes avatares políticos del país. Desde la aparición de la “caja boba”, que de tonta no tiene nada, la sociedad ha caído en las garras de una casta nueva, la televisiva, cuyo principal objetivo era el de divertir o eso creímos, pero que soterradamente al principio y descaradamente después, se ha inmiscuido lentamente en todos los aspectos cotidianos de la sociedad.

     Durante el franquismo y hasta la desaparición del régimen dictatorial, solamente existió una cadena televisiva, la actual RTVE, la cuál fungió como el espejo dónde se reflejaban las virtudes y demás beneficios del sistema, así como lanzadera ideológica del fascismo español y aleccionadora moral de la iglesia católica. El NO-DO, sistema informativo que describía, informaba y destacaba los logros del franquismo, es el abuelo del método español de informar desinformando y corromper sin mesura, sin detenerse en nimiedades. La llegada de la “democracia” y el posterior desmembramiento del estado central en 17 autonomías, verdadero reparto caciquil de territorios e influencias, tuvo como una de las muchas consecuencias negativas del asunto, la aparición de empresas televisivas reguladas y adictas, a esos mismos reyezuelos regionales. Por supuesto, la desregulación del espectro televisivo, impulsó la creación de un sistema de televisiones privadas, cuyos permisos y concesiones de operación, se destinaron a los amiguetes y empresarios, que tuvieran la capacidad económica y moral de transigir, cuando no actuar en complicidad, con el sistema político.

     Pero mientras las televisiones privadas han tenido un objetivo más mundano y relajado, que es divertir y ganar dinero mediante programas de dudosa calidad, tráfico de publicidad y eventos deportivos, las televisiones autonómicas y del estado, han basado su actuación casi en exclusiva, en la apología del ideario político del gobierno de turno. Desinformando y ocultando deliberadamente información, digámoslo así, “sensible” para el buen nombre y funcionamiento de la maquinaria administrativa de la cual dependen. Un ejemplo de tal parcialidad, lo constituye Canal 9, de la televisión pública valenciana, que ha ocultado hasta el final, cualquier información que menoscabara la reputación del gobierno de Camps y su siniestra estela de corrupción. O la televisión catalana, alineada sin reservas con el ideario político-lingüístico de la Generalitat, obsesionada con borrar toda huella de “españolidad” en los medios de comunicación.

     Pero mientras las televisiones privadas, como cualquiera otra empresa del mismo estilo, responde ante una financiación particular y el dinero utilizado proviene de los bolsillos de sus accionistas y propietarios, los medios de comunicación del gobierno se financian con los dineros provenientes del presupuesto general del estado y de las autonomías. Es decir, dinero de los contribuyentes, sean éstos afines o no, al cacique de turno. Es por ello, que las deudas acumuladas de todos los entes informativos del país, estatales y autonómicos, y que asciende a varios miles de millones de euros, se carga de manera criminal sobre las espaldas de los curritos españoles. La desaforada corrupción y el enchufismo rampante realizados durante décadas, han desembocado, inevitablemente, en la inviabilidad de prácticamente todos los medios de comunicación dependientes del gobierno. Financiadas con el dinero de los contribuyentes, se han comportado al más puro estilo berlusconiano, manejados por personajetes del mundo de la farándula, se han preocupado más por ofrecer contenidos de poca o nula calidad, con algunas honrosas excepciones, pero pagando por ellos auténticas fortunas.

     El más claro ejemplo del despilfarro estatal, ha sido la gestión en RTVE, donde los presentadores de los programas con más “rating”, cobran unos sueldos estratosféricos en relación con la calidad de los mismos, máxime si tomamos en cuenta, que dicha conducción bien podrían realizarla profesionales igual o mejor preparados, a precios mucho más asequibles. Unos ejemplos: La Mañana de la 1: Un buen programa, contenidos bastante normalitos y una duración de tres horas. La presentadora se embolsa, 500 mil euros al año, algo más de 40 mil euros al mes. Vamos, que el sueldo de la Pajín se ha quedado en nada. Otro programa, Gente: La presentadora cobra 300 mil euros al año, 25 mil euros al mes. Ni Rajoy gana esa cantidad. Podríamos pensar que, tales sueldos son de escándalo y en efecto lo son, pero al fin y al cabo, quienes trabajan en dichos programas no son culpables de ese despilfarro televisivo. Ellos hacen su trabajo, bien o mal, y se van a casita. Los culpables de tal despropósito, no son otros que los responsables políticos, los que aprueban en los consejos y ministerios, el que se cobren ésos sueldos y se realicen ésos gastos suntuarios. Todo claro está, para mantener a la ciudadanía ignorante y dócil, ajena a los verdaderos problemas del país.

     Los recortes anunciados a bombo y platillo para las televisiones públicas, son solamente un guiño tímido y escaso, para contener el desencanto y enfado, legítimos por otra parte, de la sociedad al conocerse éstos datos. Pero por ningún momento podemos dar por buenos esos recortes, ya que todo es un gesto de cara a la galería para dar una apariencia de austeridad, palabra tan del agrado de la “pedales”, pero la estructura de las cadenas informativas del gobierno, seguirán incólumes, ajenas a toda reforma, sirviendo a sus amos políticos sin atisbo de fractura, sin fisuras. La clase política necesita de la clase televisiva, para legitimar y expandir su mensaje, su ideología. A su vez, los “personajes” de la tele, necesitan del ente público para engordar sus cuentas bancarias. Una simbiosis perfecta y perversa, donde lo que menos importa es el bienestar de una sociedad, que se acerca peligrosamente al abismo.