Las recientes declaraciones de Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, al referirse al caso del juez Garzón y al caso de Iñaki Urdangarín, ratifican el doble rasero con que la justicia española mide la calidad de sus decisiones, en función de quien sea el imputado. Textualmente dijo: “no todos los imputados son iguales, por lo que deben ser tratados de modos distintos, por su relevancia social y la posible merma de su honor….”
Según el criterio del CGPJ, el de ésta legislatura por supuesto, intima al trato desigual de los imputados, en función de si son personajes de “relevancia social”, como el duque de Palma o, si por el contrario, son personas de poca monta, chusma popular, simples ciudadanos. Poco ha tardado el consejo, en alinearse con las nuevas directrices que desde la Moncloa les han dictado. Y todavía tienen el descaro de indignarse y decir, que las declaraciones de personajes políticos y de la sociedad en general contra las decisiones del TS, son algo deplorable e insoportable.
Al parecer, la consigna es que los jueces molestos y poco dados a cooperar por las buenas con los capitostes del TS y el CGPJ, así como con el actual gobierno, véase Garzón, Flors, Castro y alguno más, sean apartados del camino o intimidados para que cooperen. A Garzón han conseguido quitárselo de en medio, por el momento , y al juez Castro que instruye la causa contra Urdangarín, le han dado ya el primer toque de atención. No siendo suficiente que aceptara no grabar las declaraciones del yerno del rey, ahora le han pedido que le deje llegar hasta la puerta misma del juzgado de Palma, no vaya a ser que el señorito se tuerza un tobillo, le hagan una foto o le caiga encima un huevo podrido.
Y por si esa petición no fuera atendida, ya le han amenazado, vía el omnipresente CGPJ y su portavoz, la señora Bravo, de que le han abierto un expediente por las filtraciones del sumario, se supone que secreto, puesto han que han resultado con perjuicios a la honorabilidad del duquesito. Tiene gracia que sea el CGPJ, el que exija respeto al secreto de sumario, cuando antes que nadie han solicitado al mismo juez Castro, copia del sumario, algo totalmente ilegal. Por si fuera poco el morro, el Consejo General del Poder Judicial, es un coladero de filtraciones y rumores, que han servido para causar verdaderos quebraderos de cabeza a todo cristo, sin que hayan presentado ninguna disculpa por sus torpezas.
La cosa está clara. El gobierno de Rajoy está determinado a cambiar el sistema de justicia, pero no a mejor, sino a su entera conveniencia. El primer paso fue la imposición del pago para segundas instancias, lo que deja fuera del amparo de la justicia a quienes no tengan dinero para procurársela. En segundo lugar, el mangoneo del TS y el CGPJ para quitarse de encima elementos molestos y procurar la impunidad de sus adictos. El primer beneficiario ha sido Camps y la primera víctima Garzón. ¿Qué será lo siguiente? Lo que han de estar gozando los de Gürtel y los Urdangarín en sus palacetes.
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