¿QUIÉN DIJO ACOSO?

PRESIÓN SOCIAL A LA CLASE POLÍTICA

 

     Desde hace un par de semanas, estamos acudiendo a un fenómeno inédito en la vida pública española: La presión social a la que se está sometiendo a la clase política en general y a los diputados del PP y algunos miembros del gobierno, también del PP, en particular. Al parecer, la capacidad para el sufrimiento de la ciudadanía en España, sobre todo de las clases medias y bajas, está llegando a su límite y no están ya dispuestos a tragar con los abusos continuados y salvajes de las administraciones públicas y sus cómplices de la banca. Y ha sido un colectivo de los más vapuleados, los afectados por las cláusulas abusivas y usureras del sistema hipotecario, quienes se han lanzado a las calles para seguir a los responsables políticos allá donde vayan, ya sean sus centros de ¿trabajo?, domicilios particulares o lugares de ocio, para recordarles que sus acciones cobardes y viles contra la sociedad, no escaparán de la mirada acusadora y vigilante de los ciudadanos. Las actitudes cómplices y serviles de la clase política para con el sistema financiero y los mercados, han conducido a un clímax de frustración y crispación entre los grupos más afectados de la sociedad, que no han tenido más opción que recurrir al llamado "escrache" o marcaje personal y continuado de aquellos que tienen la obligación moral y civil, de velar por los intereses colectivos, pero que hacen precisamente todo lo contrario.

     Instaurados en la Argentina del famoso "corralito", los escraches son una de las vías que tiene la sociedad, de recordar a los políticos sobre la obligación que tienen de legislar a favor del pueblo que los vota, indirectamente gracias al sistema de listas cerradas, y que les paga sus buenos salarios y privilegios, para que trabajen en ése sentido. La aceptación de la ILP a trámite en el Congreso, no garantiza que vaya a ser votada y convertida en ley, dada la mayoría absoluta e intransigente que ostenta el PP en el parlamento, con lo cual se legitima el derecho del pueblo, para recordar a cada instante a los diputados populares, que su posicionamiento a favor de la banca es diametralmente opuesto a los intereses de la sociedad. Es por ello, que la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el colectivo Stop Desahucios y las agrupaciones de estafados por las preferentes, se han impuesto la tarea ingente y exhaustiva, de perseguir a los políticos, como si del cobrador del fracse tratasen, para que éstos no se olviden de a quienes deben su posición privilegiada. Tampoco han faltado las vociferaciones de la derecha rancia, como las de la delegada del gobierno en Madrid, la inefable Cristina Cifuentes, la misma que manda apalear estudiantes y personas mayores, la que grita a voz en cuello, que los escraches son "kale borroka", acciones terroristas y que los ciudadanos hastiados por los abusos de la banaca y los políticos, son elementos filoetarras y altamente peligrosos. Lo que no tiene ésta personajilla, es un ápice de vergüenza, ni tampoco una pizca de sentido común. Tal es el talante del gobierno de anencefálicos que ¿dirige? el país.

    

     Los escraches seguirán, a pesar de las amenazas de la policía neofranquista del gobierno, que ya predica sobre la posibilidad de identificar a los ciudadanos que participen en éstos actos "terroristas", con la finalidad de intimidarlos y proteger a los políticos de lo que llaman acoso, pero ni por esas conseguirán que la gente siga saliendo a las calles a luchar por su dignidad y por detener las acciones, éstas sí claramente abusivas y estafadoras de la bicéfala clase político-financiera.