REGISTRADOR DE LA ¿NACIONALIDAD?
El más reciente de los proyectos de ley del gobierno marianista, es el de la modificación de la Ley del Registro Civil para la concesión de la nacionalidad española, trámite que se ejecutaba en las oficinas registrales de toda la vida, pero que a poco tardar, deberán realizarse en las notarías privadas de los amiguetes de Marianico. Resulta, que en el ministerio de Justicia del pingüino Gallardón, se han sacado de la manga la carta del cambiazo, para que sean los notarios y registradores los que se ocupen del asunto de tramitar nacionalidades, por un módico precio claro está. De entrada, a los más encendidos defensores de la "españolidad", les parece una idea buenísima, ya que en dicho anteproyecto de ley, los requisitos para acceder a la nacionalidad, incluyen apartados como el conocimiento de la lengua e Historia españolas, así como de cultura y costumbres, valores constitucionales, etc. Todo eso está muy bien, pues cualquier extranjero que solicite la nacionalidad debería tener un mínimo conocimiento sobre los campos antes descritos. Lo que ya no es muy normal, es que la tramitación de dichos asuntos deban pasar por la caja del gremio del presidente del gobierno, quien por cierto mantiene su plaza de registrador, la cual le reporta buenos ingresos además de su salario y los sobres que Bárcenas le pasaba bajo cuerda hasta antes de ayer.
Y uno se pregunta el por qué de tal decisión. La respuesta es muy simple. El gremio de Rajoy, que se ha forrado durante el auge de la burbuja inmobiliaria, dando fe y legalizando cientos de miles de hipotecas basura, tasaciones surrealistas y desahucios a tutiplén, ahora con la crisis ha visto mermado su nicho de negocio y como no podía ser menos, ha llorado un poco en la Moncloa para que le diesen una nueva concesión con la que poder resarcirse. Y allá va Marianico al rescate y les pone en bandeja de plata otro chollo para forrarse. ¿Acaso no hay funcionarios de sobra para realizar ése trámite? Seguro que sí. Y es que encima, la última palabra para la concesión de la nacionalidad la seguirá teniendo el ministerio de Justicia, es decir, el gobierno. Así que, mientras el notario hace caja con el extranjero que solicita el trámite, será Gallardón quien diga Sí o No, según le amanezca el día. En todo caso, poco importará si el extranjero se sabe de corrido el listado de los reyes visigodos, la alineación completa de "La Roja", dónde nace el Ebro y la lista de amantes del borbón, mientras palme religiosamente con la tarifa que impongan los notarios. Además, se harán diferentes convocatorias para solicitar la nacionalidad, así que si no se atina a la primera, ya habrá otras oportunidades, pagando claro está, para acceder a la misma.
Por supuesto, quedan exentos de éste requerimiento los mafiosos rusos, chinos y latinoamericanos, quienes pueden adquirir la residencia de inmediato, previa compra de un "pisito", por la módica cantidad de 160 mil euros de nada y que no necesitan en absoluto, la golosa nacionalidad española para inundar de drogas, trata de seres humanos y demás negocios gangsteriles a toda la geografía nacional. La medida no es más que una cortina de humo del gobierno, que utiliza una vez más el tema de la inmigración para distraer la atención de la sociedad de los escándalos de corrupción y al mismo tiempo, favorecer los intereses privados de un sector al que pertenece el presidente del gobierno. Si ésto no es un caso de prevaricación y tráfico de influencias, que baje dios y lo vea. ¿Será acaso, que Marianico está dejando bien atado su futuro por sí no repite en las próximas elecciones?
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